El Bono Social de Electricidad se modifica para 2021 incluyendo también a consumidores vulnerables a causa del COVID-19

  • 13 noviembre 2020

El Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España mantendrá para el próximo año 2021 los bonos sociales para electricidad, agua y telefonía móvil que están destinados a colectivos en situación de vulnerabilidad, habiéndose incluido como nuevos beneficiarios para el bono eléctrico a consumidores afectados por la pandemia del COVID-19. Se refiere a desempleados/as, trabajadores/as en ERTE o con reducción de jornada laboral y a empresarios/as autónomos/as que hayan cesado en su actividad o hayan disminuido su facturación un 75% con respecto al semestre anterior.

El descuento aplicable en la factura eléctrica será de un 25% para consumidores vulnerables y también para el colectivo de consumidores vulnerables afectados por el COVID-19, y de un 40% para consumidores vulnerables severos. Además, quienes sean consumidores en riesgo de exclusión social porque estén siendo atendidos por los servicios sociales de una administración autonómica o local y paguen al menos el 50% de la facturación eléctrica, no tendrán que hacer frente a la misma y en caso de imposibilidad temporal de pago no podrá interrumpirse el suministro eléctrico.

Para solicitarlo será necesario tener contrato el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) en la vivienda habitual y cumplir con los requisitos personales, familiares y de renta establecidos de acuerdo a las situaciones de vulnerabilidad descritas anteriormente, cuyas condiciones exigidas pueden consultarse en https://www.bonosocial.gob.es/#inicio.

No obstante, el bono de agua variará según el municipio al que pertenezca la persona solicitante y el valor de concesión estará sujeto a las circunstancias del beneficiario/a –número de personas que habiten la vivienda, mayor de 65 años, familias numerosas, riesgo de exclusión social, baja renta etc-. También, el bono telefónico se aplicará en función del lugar de residencia de la persona solicitante, siendo posible acogerse a un precio menor del habitual, a un 70%, en la línea telefónica o reducir en un 95% el coste mensual de la tarifa contratada.  

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